De la videovigilancia en Mislata al function creep: cómo una infraestructura creada para protegernos puede terminar utilizándose para mucho más
El otro día, andando por mi ciudad, Mislata, Valencia, vi una cámara de vigilancia CCTV en una de las calles principales. Pregunté a las personas con las que estaba y me contaron que el ayuntamiento había decidido poner cámaras de vigilancia, aparentemente, por dos motivos: el primero, por seguridad, y el otro, por control de tráfico. A mí me pareció tan horrible, en un principio por recordarme a 1984, de George Orwell, o cualquier distopía ciberpunk. No obstante, a los demás que me acompañaban, con los que pude transmitir mi preocupación, no les parecía tan mal. Incluso les parecía positivo.
Interesado por el tema, busqué información y descubrí que todos los partidos de la oposición, habían votado en contra, y entonces fui directo a ver el pleno municipal de ese día. La decepción fue enorme. Los votos en contra tenían más que ver con la transparencia del proceso que con el propio acto de colocar cámaras por toda la ciudad.
Entiendo que la gente es recelosa de su privacidad y creo que, en condiciones normales, no deberían estar contentos con que les pongan cámaras de videovigilancia. ¿Cómo se puede aceptar esta medida sin más? Pues la historia nos dice que no fue tan fácil que lo aceptara la gente.
Uno de los primeros experimentos de videovigilancia puestos en la calle, con línea directa a la policía, fue en 1968, en Olean, Nueva York, y podemos adelantar que no fue un éxito: el experimento terminó en diciembre de 1969, después de fuertes críticas por parte de la población y un cambio en la alcaldía de por medio. Para ser sinceros, las críticas, además de a la privacidad, fueron también técnicas y operativas, como, por ejemplo, mala visibilidad nocturna, baja resolución diurna, ubicación errónea; un dueño de un local afirmaba que las cámaras vigilaban al frente de las tiendas, permitiendo que cualquier ladrón con sentido común entrara por la parte de atrás, efectivamente son ladrones pero no son tontos. Incluso los policías más veteranos no veían con buenos ojos la nueva tecnología. Otros ciudadanos simplemente argumentaban que no había un problema de delincuencia serio en la ciudad.
Pero vamos a la raíz del asunto: ¿es cierto que las cámaras de seguridad hacen una ciudad más segura?
En España he encontrado un estudio de Málaga del 2010 que concluye que las áreas con videovigilancia reducen la delincuencia mínimamente en las zonas vigiladas con cámaras, un 1,9 %, pero paralelamente hay un incremento en las zonas adyacentes. En cuanto a percepción de seguridad, los encuestados, sorprendentemente, no habían notado mucha diferencia entre unas zonas vigiladas y las no vigiladas.
https://revistas.uma.es/index.php/boletin-criminologico/es/article/view/8434/7797
En Estados Unidos he podido encontrar una investigación que duró 40 años sobre CCTV, publicada en Criminology & Public Policy, y donde se resuelve que hay una reducción de la delincuencia, pero modesta, y los mejores resultados están en aparcamientos y, en menor medida, en algunas zonas residenciales.
Entonces podemos concluir que las cámaras tienen un efecto más bien moderado; y no podemos afirmar que llenar una ciudad de cámaras la convierte automáticamente en una ciudad segura.
Pero incluso aceptando que tiene un efecto positivo en seguridad ciudadana, lo que realmente me preocupa es ¿Quién va a tener acceso a esos datos, bajo qué circunstancias y quién controlará el acceso?
La respuesta concreta la podemos encontrar en el propio Registro de Actividades de Tratamiento del Ayuntamiento de Mislata. El responsable del tratamiento es el Ayuntamiento, mientras que la videovigilancia aparece encuadrada dentro del apartado de Policía Local. Para la videovigilancia en instalaciones públicas, el Ayuntamiento identifica como posibles destinatarios a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y a los órganos judiciales. Las imágenes se conservan durante un máximo de un mes, salvo que deban mantenerse bloqueadas a disposición de las autoridades públicas competentes por haber captado hechos ilícitos o irregulares. Pero esto tampoco nos contesta exactamente qué personas van a tener acceso.
¿Puede existir la arbitrariedad en la Policía Local de Mislata? Pues, en 2017, el Tribunal Supremo confirmó la condena de un policía local de Mislata que había impuesto cuatro multas por infracciones inexistentes a una persona con la que estaba enemistado. El agente reconoció haber redactado los cuatro boletines falsos y las respuestas a las alegaciones. Fue condenado por un delito continuado de falsedad en documento oficial. Por cierto el tribunal supremo le rebajo la condena de 4 años a 2 y la inhabilitación para ejercer como policía local de 5 años a 11 meses.
https://www.levante-emv.com/horta/2017/06/30/supremo-rebaja-pena-policia-local-12166914.html
No sería razonable utilizar este caso para afirmar que la Policía Local de Mislata actúa habitualmente de manera arbitraria. No hay base para semejante afirmación. Pero tampoco deberíamos ignorarlo, conociendo los casos recurrentes de policías nacionales infiltrados en movimientos sociales.
El caso documentado más interesante respecto al uso de grabaciones audiovisuales para perseguir a activistas o manifestantes que conozcamos es el de la policía de Nueva York (NYPD). El archivo municipal de Nueva York conserva 1.448 rollos de películas de 16 mm grabadas por la policía específicamente con fines de vigilancia entre 1960 y 1980. Las grabaciones fueron realizadas por agentes de paisano y documentaron grupos políticos y activistas. Entre los objetivos aparecen expresamente las protestas contra la guerra de Vietnam. Imagina esto, pero con la nueva tecnología.
Las tecnologías han evolucionado desde los 70 y aunque ya no pintaba bien el asunto con las grabaciones en manifestaciones, creo que es justo matizar que hay una diferencia notable entre una cámara que graba y almacena para su posterior visionado y otra muy distinta la de conectar esa grabación a una IA capaz de analizar las imágenes en tiempo real. Esto ya existe y se está aplicando en muchos sitios. El Gobierno británico ya lo está usando para el control de la inmigración.
https://www.gov.uk/government/collections/live-facial-recognition-in-immigration-enforcement
En Estados Unidos no podemos mirar a otra institución que no sea el ICE. El uso de tecnología desarrollada por Palantir les ayuda a integrar, analizar y extraer de una manera centralizada información de múltiples fuentes, con un programa que ayuda a localizar personas utilizando datos de fragmentos de múltiples fuentes distintas incluidas gubernamentales.
Aquí en Europa, tenemos la suerte (de momento) de que hay legislación que establece unos límites para estas tecnologías: el uso del reconocimiento en tiempo real en espacios públicos para la policía, con excepciones es muy limitada; crear bases de datos faciales mediante scraping indiscriminado de internet/CCTV; la categorización biométrica para inferir raza, opiniones políticas, religión, afiliación sindical u orientación sexual, etc.
Pero no podemos cerrar los ojos delante del cambio de funcionalidad de esta serie de tecnologías que se nos pueden volvernos en contra de una manera mucho más visible y desgarradora. Esto es llamado function creep, que viene a ser una ampliación de la finalidad original.
Puede que la intención del ayuntamiento de Mislata tenga una buena intención. El problema es que está creando una infraestructura que puede ir poco a poco ampliando sus funciones dependiendo del contexto, cambios de gobierno, en las leyes europeas, y pueden ir integrándose en otras bases de datos mediante IA y, finalmente, tener una finalidad muy diferente a la que tiene ahora.
Por eso lo verdaderamente preocupante no es la función actual de las cámaras de vigilancia, sino la infraestructura que se está construyendo hoy.
Puede que ya no necesitemos imaginar distopías porque están demasiado cerca de nosotros. Necesitamos, más que nunca, pensar en futuros alternativos.
Carles Salvador